Los movimientos en las federaciones del PSOE muestran la inequívoca voluntad de Pedro Sánchez de someter a este partido a los intereses del Gobierno y a los suyos propios. Tras su reelección al frente del PSOE en el Congreso Federal celebrado a finales del pasado año, el presidente del Gobierno pretende condicionar las estructuras de una formación que, a lo largo de los últimos años, ha laminado los sistemas de deliberación y de contrapesos internos. En este contexto hay que subrayar la relevancia de la votación interna de este fin de semana en Extremadura, en la que Miguel Ángel Gallardo ha reforzado su liderazgo en el PSOE de esta comunidad con el 62% de los votos de los militantes en las primarias, logrando así un triunfo rotundo ante la aspirante sanchista. La derrota de la candidata apadrinada por Ferraz revela que no todo el PSOE parece dispuesto a transigir con la deriva institucional y orgánica impuesta por Sánchez.
A la renuncia como líder de los socialistas madrileños de Juan Lobato, forzado por la dirección de su partido por la polémica de registrar en notaría los whatsapps que intercambió con una asesora de Moncloa sobre el correo de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado la de Luis Tudanca en Castilla y León, pese a ser este afín desde primera hora de Sánchez. En este marco hay que insertar la decisión de situar a los ministros Óscar López y Diana Morant al frente del PSOE en Madrid y en la Comunidad Valenciana, respectivamente, mientras María Jesús Montero y Pilar Alegría optan a liderar a los socialistas andaluces y aragoneses. Colocar a ministros en las baronías regionales tiene como fin aprovechar la acción del Gobierno para lanzar a los candidatos socialistas, tal como ha quedado patente con la implicación personal de la ministra de Hacienda en la moción de censura que ha permitido al PSOE arrebatar la Alcaldía de Jaén al PP.
Montero, a lomos de un discurso que trata de hacer pasar por fake news los ERE, el mayor escándalo de la democracia, aspira a reflotar el PSOE andaluz, lo que pasa por recuperar los 500.000 votos que abocaron a este partido a perder lo que hasta 2019 había considerado un granero electoral. La vicepresidenta se ve lastrada por la pesada mochila que supone no solo su propia acumulación de cargos, sino su decisivo papel en la cesión del cupo catalán. De hecho, no es casual que la pugna interna en las filas socialistas se localice en Andalucía, Aragón, Cantabria y Murcia, algunas de las autonomías en la que el PSOE acusa el desgaste por la concesión de privilegios a Cataluña y el País Vasco mientras el Ejecutivo se ve cercado por la corrupción.
La tutela de Ferraz sobre las distintas federaciones, a excepción de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, desnuda el afán de control del secretario general que hizo bandera de la independencia respecto al aparato. Sólo una fuerza política con engranajes internos sólidos, y con capacidad de rebatir a su líder, podrá mantener su condición de partido de Estado.